Nací en 1984 y como hija de la Democracia crecí con conciencia de los Derechos y Garantías que me asisten. Luego estudié Abogacía y paso cientas de horas de mi vida estudiando historia y los procederes de gobiernos fascistas que guardaron la Constitución Nacional en un cajón.
Viví convencida de que Argentina se encontraba inmersa en una Democracia real. ¡Ilusa! A mis 27 años observo con tristeza cómo los corruptos gobiernos provinciales suspenden nuestras garantías y suprimen nuestros derechos con la complicidad de un Gobierno Nacional que “hace la vista gorda” y apaña estas flagrantes violaciones a derechos por los que lucharon próceres, caudillos y ciudadanos desde que Argentina es una País libre e independiente.
En mis notas sobre los estudios de las dictaduras argentinas, el fascismo italiano y español y el nazismo alemán encuentro títulos como: “Propaganda orientada” “Dominación e intervención a los medios de comunicación independientes”; “Desaparición de personas”; “Amenazas”; “Represión”; “Exilio”; “Presos políticos”; “Censura”; “Violación de derechos fundamentales”; “Listas negras”; “Inteligencia sobre personas”; “Fuerzas Parapoliciales”. Claro, en ese contexto histórico se entiende que esos títulos existan, pero casualmente son los mismos que hoy rebalsan mis notas sobre el conflicto en Famatina, Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta.
Lamentablemente somos testigos de sendas denuncias públicas en las redes sociales de hechos como los apuntados. Las redes sociales están siendo protagonistas en este tipo de situaciones sociales y políticas ya que, dada la dependencia de los organismos políticos, administrativos y judiciales, las víctimas tienen miedo de denunciar. Así y todo en La Rioja se han registrado denuncias de suspensión en el servicio de internet estatal y de las redes de telefonía fija y móvil. Los quieren callar. Y claro, no es de extrañarse que se lleve adelante esta práctica pues las redes sociales son el único medio con el que cuenta la gente para expresarse y convocarse, ya que los diarios, radios y canales de televisión están “tomados” por el gobierno.
Se registran campañas públicas de supuesta “concientización” o “información” acerca de los beneficios de la actividad minera a cielo abierto, traducidas en forma de mensajes de texto spam a celulares de la gente. ¿Cómo obtuvo el gobierno esos números? Fácil, se lo proveyeron las compañías de telefonía en lo que resulta una ostensible y grave violación a la ley de protección de datos personales y un gran número de derechos consagrados en las Constitución y en la Ley de defensa al consumidor.
Estamos siendo testigos en primera fila de fuerzas civiles sponsoreadas por las megamineras con el aval del gobierno. La represión fue la vedette en Tinogasta y la censura hace su monumental aparición en esas tierras catamarqueñas con radios tomadas por pro mineros y la prohibición de ingreso a periodistas de medios nacionales.
Las amenazas de muerte han llegado a quienes luchan por la vida y el agua, incluyendo a familiares de los mismos gobernantes. La desaparición de personas se cobró dos víctimas en Catamarca de quienes nada se supo por varias horas.
¿Tan grande es el negocio de la minería para que un Gobierno, cuya bandera son los Derechos Humanos, ponga a sus actores en el escenario y con las prácticas de sendas dictaduras nefastas?
Nada justifica lo que estamos viviendo. Habíamos dicho Nunca Más.
